Las necesidades sociales como salud, educación, cuidado del medio ambiente, entre otros, se están convirtiendo en una prioridad para los emprendedores. Así lo demuestra la Primera Encuesta de Emprendimiento Social en Colombia, realizada por la organización Recon (compañía que tiene cinco años de funcionamiento), que arrojó que el departamento de Antioquia es la segunda región con más iniciativas de este tipo, un total de 53, de los 2.000 existentes. Bogotá destaca en el primer lugar con 131.

Aunque el departamento no salió tan bien parado si se observa con detalle la generación de empleo. El estudio, aplicado a 500 emprendedores sociales entre el 17 de abril y el 13 de junio de 2018, y apoyado por el Gobierno de Suecia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); determinó que Antioquia es la cuarta localidad con mayor número de emprendimientos sociales generadores de empleo: un 7,4 %.

En esa categoría le antecede Cundinamarca, con 40,3 %; Bogotá, con 12,5 %; y Valle, con 8,3 %. El top cinco lo completa Santander con 5,6 %.

Esto se debe, según Raúl Ávila, profesor de Economía de la Universidad Nacional, a que la mayoría de los proyectos del departamento paisa están focalizados en pequeños aspectos y por ende no terminan siendo grandes dinamizadores de empleo.

“¿Cómo revertir esa tendencia? Mediante la generación de emprendimientos sociales que apunten hacia el sector del agro, con vocación industrial, con los que se podrían aprovechar mejor los apoyos del Estado y con los que se pueden dar líneas de acción claras a largo plazo”, dijo Ávila.

Sin embargo, la región paisa supera a todas estas localidades y se ubica en el primer lugar si se habla de iniciativas de Tecnología y Comunicaciones: Antioquia, con el 33,3 %; Cundinamarca, con el 18,2 %; Bogotá, con el 9,1 %; y Valle y Santander con el 6,1 %, cada una.

Acabar con la informalidad es la meta. La encuesta de Recon identificó que sólo el 38,8 % de los emprendimientos sociales que hay (es decir 776) tienen personalidad jurídica. Mientras que el resto, un total de 1.224, no están actuando de manera formal (ver Radiografía).

En ese sentido, Edwin Torres, profesor de la Universidad de Antioquia, resaltó la necesidad de efectuar un proceso de fiscalización en cada región y de aplicar estrategias desde corporaciones como Ruta N, con las que se capaciten a este tipo de emprendedores para que entiendan la importancia de la formalización desde la concepción de su proyecto.

“Hay emprendedores que se registran ante las cámaras de comercio, pero ni siquiera cumplen pagan el Impuesto de Industria y comercio (ICA). Por ello es necesario cruzar la data de las cámaras de comercio y el Ministerio de Hacienda”, apuntó.

Andrés Santamaría, director de Recon, subrayó la importancia de que se creen políticas públicas que impulsen la formación de emprendimientos sociales como sucede en países como Chile y México. “De las iniciativas que hay en el país, sólo el 2,2 % ha recibido recursos de programas del Estado, menos del 12 % ha recibido capacitaciones del Estado para ayudar a hacer fuertes sus emprendimientos”.

Santamaría también indicó que los trabajadores que conforman el 65,8 % en este tipo de emprendimientos percibe menos de un salario mínimo mensual (781.242 pesos), el 16 % recibe dos salarios mínimos mensuales (1.562.484 pesos), el 11,3 % un salario mínimo mensual y sólo el 6,9 %, tres salarios mínimos (2.343.726 pesos) o más.

“En países europeos existen no sólo políticas públicas avanzadas, sino un marco regulatorio. En Finlandia, Lituania, Italia y Eslovenia crearon leyes para empresas sociales; en Polonia y Portugal las hay para cooperativas sociales; en el Reino Unido existe un decreto que permite la creación de la figura legal de ‘empresa de interés comunitario’, entre otras. En Colombia estamos distantes de los ejemplos anteriores”, comentó el director de Recon.

Vía: El Colombiano

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